Los representantes municipales, elegidos mediante el voto directo de los ciudadanos, lo son para la atención y la solución a los problemas, no para el ejercicio caprichoso o interesado.
Día a día, asistimos a un mayor “blindaje” de los equipos de gobierno con la figura del Alcalde a la cabeza, amparados por Reglamentos y Leyes hechos a la medida de sus intereses de partido, independientemente de qué partido gobierne.
Aferrados al voto que les han otorgado, gestionan el Ayuntamiento como, si al depositar la papeleta, el ciudadano depositara toda su voluntad, renunciando al derecho de sancionar y corregir actuaciones en contra de los intereses de la mayoría ciudadana. En este sentido, es frecuente la respuesta de los gobernantes municipales a las demandas sociales, ya sean particulares o de colectivos que los representan: “A nosotros nos ha votado la mayoría de los ciudadanos y obramos democráticamente”.
Parece también que ellos tuvieran la patente de la Democracia y que ésta no tuviera otro carácter que el meramente representativo, de manera que la participación ciudadana queda relegada a meros órganos informativos sin la mínima posibilidad efectiva de influir, no solo en la gestión de los asuntos municipales, sino en lo que es más importante: EN EL AVANCE HACIA OTRO MODELO DE DEMOCRACIA COMO LA PARTICIPATIVA. Lo cierto es que La participación ciudadana en el clásico modelo del Estado de Derecho Liberal, regulada esencialmente a través del Derecho Administrativo, es puramente individualista y correlativa a la ideología del modelo estatal del liberalismo.
Su contenido es muy limitado, consultivo e informativo básicamente.Sin embargo, la transformación del modelo y de las funciones del Estado así como de la sociedad civil, ha hecho que hoy surjan otras demandas y manifestaciones de participación, más colectivas y solidarias, y de mayor ámbito que las actuales.
La participación en la gestión pública es una manifestación de la necesidad de la plantearse una nueva forma de ejercerla, y de la necesidad que tiene ésta de una nueva legitimidad ciudadana, basada en los resultados y en la satisfacción de las necesidades y de las demandas de la sociedad civil.
Los cambios sociales y políticos no se producen desde las cúpulas de los partidos, sino que surgen del impulso y de la movilización social. Pero este hecho no niega la necesidad de organizarse. Organizarse, por supuesto, de forma horizontal, asamblearia y sin ningún tipo de sometimiento a otro interés que no sea la defensa de una ciudad económicamente sostenible, propiedad de los ciudadanos y no de la especulación, con cauces de participación democrática efectiva. Una organización que, partiendo de la realidad de esta ciudad, busque el encuentro y las coincidencias con colectivos políticos y sociales de ámbito local o regional.
Por lo tanto, nuestro objetivo, en este momento, debiera otorgar prioridad a la movilización social, a la organización, a la construcción y a la lucha ideológica. No quiere decir que renunciemos a la representación institucional, pero sí que hay que invertir la dinámica en la que se han enfangado los partidos políticos de izquierdas. La movilización social no puede ser un mero soporte de la representación institucional. Al contrario, la representación institucional y otras formas de representación política tienen que ser la voz de la organización y movilización de la ciudadanía, principalmente de las capas populares.
Convencidos de que esto no es solo necesario, sino posible, de que nuestra reflexión es compartida por colectivos y personas, quienes hoy presentamos este documento, lo hacemos con la esperanza de sumar voluntad y compromiso.
Día a día, asistimos a un mayor “blindaje” de los equipos de gobierno con la figura del Alcalde a la cabeza, amparados por Reglamentos y Leyes hechos a la medida de sus intereses de partido, independientemente de qué partido gobierne.
Aferrados al voto que les han otorgado, gestionan el Ayuntamiento como, si al depositar la papeleta, el ciudadano depositara toda su voluntad, renunciando al derecho de sancionar y corregir actuaciones en contra de los intereses de la mayoría ciudadana. En este sentido, es frecuente la respuesta de los gobernantes municipales a las demandas sociales, ya sean particulares o de colectivos que los representan: “A nosotros nos ha votado la mayoría de los ciudadanos y obramos democráticamente”.
Parece también que ellos tuvieran la patente de la Democracia y que ésta no tuviera otro carácter que el meramente representativo, de manera que la participación ciudadana queda relegada a meros órganos informativos sin la mínima posibilidad efectiva de influir, no solo en la gestión de los asuntos municipales, sino en lo que es más importante: EN EL AVANCE HACIA OTRO MODELO DE DEMOCRACIA COMO LA PARTICIPATIVA. Lo cierto es que La participación ciudadana en el clásico modelo del Estado de Derecho Liberal, regulada esencialmente a través del Derecho Administrativo, es puramente individualista y correlativa a la ideología del modelo estatal del liberalismo.
Su contenido es muy limitado, consultivo e informativo básicamente.Sin embargo, la transformación del modelo y de las funciones del Estado así como de la sociedad civil, ha hecho que hoy surjan otras demandas y manifestaciones de participación, más colectivas y solidarias, y de mayor ámbito que las actuales.
La participación en la gestión pública es una manifestación de la necesidad de la plantearse una nueva forma de ejercerla, y de la necesidad que tiene ésta de una nueva legitimidad ciudadana, basada en los resultados y en la satisfacción de las necesidades y de las demandas de la sociedad civil.
Los cambios sociales y políticos no se producen desde las cúpulas de los partidos, sino que surgen del impulso y de la movilización social. Pero este hecho no niega la necesidad de organizarse. Organizarse, por supuesto, de forma horizontal, asamblearia y sin ningún tipo de sometimiento a otro interés que no sea la defensa de una ciudad económicamente sostenible, propiedad de los ciudadanos y no de la especulación, con cauces de participación democrática efectiva. Una organización que, partiendo de la realidad de esta ciudad, busque el encuentro y las coincidencias con colectivos políticos y sociales de ámbito local o regional.
Por lo tanto, nuestro objetivo, en este momento, debiera otorgar prioridad a la movilización social, a la organización, a la construcción y a la lucha ideológica. No quiere decir que renunciemos a la representación institucional, pero sí que hay que invertir la dinámica en la que se han enfangado los partidos políticos de izquierdas. La movilización social no puede ser un mero soporte de la representación institucional. Al contrario, la representación institucional y otras formas de representación política tienen que ser la voz de la organización y movilización de la ciudadanía, principalmente de las capas populares.
Convencidos de que esto no es solo necesario, sino posible, de que nuestra reflexión es compartida por colectivos y personas, quienes hoy presentamos este documento, lo hacemos con la esperanza de sumar voluntad y compromiso.
Esa es la razón de ser de la ASAMBLEA CIUDADANA POR TORRELAVEGA.
Torrelavega, 20 de febrero de 2007.
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